América Latina está más conectada que nunca, sin embargo, aún existe una gran brecha entre quienes tienen acceso a internet y quienes no. La propagación de COVID-19 solo ha profundizado esta brecha, ya que los gobiernos de la región imponen estrictas medidas de cuarentena a sus ciudadanos. Para las comunidades sin acceso a internet, las órdenes de quedarse en casa han cortado gran parte de su comunicación con el mundo exterior y han dificultado su acceso a información de salud pública, así como su habilidad de expresar sus preocupaciones como ciudadanos.
Con casi el 70 por ciento de su población conectada a internet y el segundo mercado de telefonía móvil de más rápido crecimiento en el mundo, América Latina se está convirtiendo rápidamente en una de las regiones más conectadas del mundo en desarrollo. Sin embargo, muchos grupos que viven en comunidades rurales, indígenas y de bajos ingresos carecen del mismo nivel de acceso que sus contrapartes urbanas por una variedad de razones, incluida la falta de infraestructura, los altos costos de internet de banda ancha y las barreras del idioma.
La crisis de COVID-19 solo ha exacerbado esta brecha. A medida que el mundo se vuelve cada vez más dependiente de las plataformas digitales para conectarse y compartir información, los que tienen poco o ningún acceso a internet se quedan atrás. Si bien los residentes de los centros tecnológicos como Bogotá y Santiago han podido pasar al aprendizaje remoto, el teletrabajo y el activismo en línea durante la cuarentena, muchas comunidades rurales han estado cerradas por completo. Como lo demuestra un informe reciente de la ONU, esta falta de conectividad plantea un riesgo tanto económico como de salud pública, ya que las comunidades sin conexión a internet pierden el acceso a la atención médica remota y a la información de salud pública en un momento de necesidad crítica.
Con los viajes restringidos y grandes reuniones prohibidas en muchos países, los que no tienen acceso a internet han perdido la capacidad de conectarse con sus gobiernos y participar en el activismo comunitario. Esta falta de comunicación representa una seria amenaza para la democracia en América Latina, ya que las voces rurales no son escuchadas por aquellos en el poder. Aunque muchos gobiernos latinoamericanos han realizado esfuerzos concretos para aumentar la conectividad en las zonas rurales, aún se necesitan otras soluciones para cerrar esta brecha digital.
IRI conecta
Trabajando con organizaciones asociadas en la región, el IRI ha recurrido a una forma más tradicional de comunicación para mantener a las comunidades rurales conectadas durante COVID-19: la radio. A diferencia del internet de banda ancha – que requiere una gran infraestructura y puede ser costoso para las poblaciones con bajos ingresos – los programas de radio pueden llegar a las zonas rurales utilizando canales de comunicación preexistentes y de fácil acceso.
En Panamá, por ejemplo, menos del 30 por ciento de los residentes rurales tienen acceso regular a internet, en comparación con más del 60 por ciento de los habitantes urbanos. Para cerrar esta brecha, la Comisión para la Justicia y la Paz (CJP), un socio del IRI, está utilizando programas de radio para garantizar que las comunidades remotas de Panamá permanezcan conectadas, incluso durante una cuarentena nacional.
El programa de radio de CJP, que se transmite por Radio María, una estación local panameña, educa a las comunidades rurales sobre sus nuevos derechos y responsabilidades bajo la Ley de Descentralización de Panamá. La ley tiene como objetivo empoderar a las comunidades rurales e indígenas de Panamá mediante la redistribución de impuestos locales de territorio a los gobiernos municipales, dándoles los recursos necesarios para reinvertir en sus comunidades a nivel local.
La radio puede parecer anticuada en la era del 5G y la fibra óptica, pero ha permitido que nuestros socios se conecten con innumerables ciudadanos que de lo contrario quedarían excluidos de los procesos democráticos de sus países. Estas soluciones innovadoras han sido fundamentales para garantizar que se escuchen las voces de todos los ciudadanos y son más importantes que nunca para cerrar la brecha digital en América Latina, especialmente en tiempos de COVID-19.
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