Panamá Adelante: Abordando los Estándares Internacionales Anticorrupción a través de los Intercambios de Experiencias y Espacios para Dialogo
Panamá, un istmo de cuatro millones de personas, es conocido por su significado geoestratégico en el hemisferio occidental, rutas marítimas de comercio, y flujos migratorios. Al mismo tiempo el país ha enfrentado desafíos relacionados a la lucha contra la corrupción.
El gobierno de Panamá ha estado enfocado de transparencia y rendición de cuentas hacia las contrataciones públicas, gobierno abierto, datos abiertos, mayormente por parte del ejecutivo, funcionarios, y la ciudadanía—y fue una de las campañas durante la elección del 2019 que se comprometió a cumplir los retos de rendición de cuentas de la ONG, Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana, el Capitulo Panameño de Transparencia Internacional.[1] Sin embargo, en el Informe de Seguimiento al Compromiso de Lima de la Octava Cumbre de las Américas del Observatorio de la Corrupción Ciudadana para Panamá, iniciativa de la Fundación, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), Panamá obtuvo un puntaje promedio de 1.43 en una escala de 0 (mínimo) a 3 (máximo). El puntaje está por debajo de la media regional en las áreas de acceso a la información, transparencia, participación de sociedad civil, entre otros.[2]
Para hacer mejoras, el gobierno ha estado implementando el IV Plan de Gobierno Abierto con el apoyo de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en ingles). El IRI va a seguir apoyando el compromiso de contratación abierta con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), y el foro multisectorial de CoST y OGP.
En el marco del proyecto del IRI en materia de fortalecimiento de estándares internacionales de anticorrupción en Panamá y Perú, hemos trabajado con el Órgano Judicial y la DGCP donde desarrollamos diversos programas para el desarrollo de herramientas e intercambios de cooperación sur-sur, o redes de conocimiento y productos entre países del Sur Global. Se construyeron mesas de trabajo con el Órgano Judicial y sociedad civil donde se definieron acuerdos sobre los datos a ser publicados en el portal de datos abiertos.[3] Uno de los resultados más importantes del proyecto fue que el gobierno y la sociedad civil acordaron a abrir datos en materia judicial que fueron utilizados por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, el cual está integrado por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Este intercambio de información brindó al Observatorio, entre otras fuentes, la oportunidad de analizar información, comunicarla, e interpretar los datos para identificar potenciales vulnerabilidades.
Así también, con el apoyo del Instituto Superior de la Judicatura construimos el Curso Online: Apertura de Datos y la Cultura de Justicia Abierta: Rol del Servidor Judicial, incluyendo las experiencias de Argentina y Costa Rica.[4] Concluyendo esto, bajo el proyecto se produjo una Hoja de Ruta para la Construcción de una Política de Justicia Abierta. Por otro lado, se desarrollaron actividades como el Curso Online: Transparencia e Integridad en las Contrataciones Públicas: Cultura de Ética en el Servicio Público, incluyendo las experiencias de Ecuador y Chile; el Intercambio de Buenas Prácticas y Experiencias en Observatorios de Contrataciones Públicas: Colombia y Panamá; y la Guía para el Relacionamiento Ético con el Sector Privado en el Marco de los Procesos Contractuales.
Gracias a los intercambios, observamos un incremento en el conocimiento y en la capacidad de la sociedad civil para desarrollar productos específicos y sustentables y participar en la incidencia internacional. Adicionalmente, las actividades del proyecto fueron particularmente útiles para identificar aliados entre el poder judicial que expresaron interés en la justicia abierta y manifestaron su voluntad de contribuir en el proceso. Los intercambios entre países demostraron ser muy pertinentes para el trabajo de las OSC que pudieron observar cómo se desarrollan procesos similares de monitoreo y cumplimiento en otros contextos. Ellos pudieron comprender los pasos más apropiados y utilizarlos para abordar desafíos similares en la construcción de observatorios en materia de contratación y gestión pública en Panamá.
Aunque los desafíos fueron muchos rodeando la implementación de este proyecto, el IRI vio gran colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, y un fortalecimiento de la relación del IRI con instituciones claves, incluyendo la Dirección de Auditoría Judicial, la Secretaría Técnica de Modernización, y el Instituto Superior de la Judicatura. Otros éxitos fueron el intercambio entre la DGCP con el Observatorio de Contratación Pública de Colombia donde la DGCP se comprometió a incorporar lecciones aprendidas en sus planes y políticas de gobierno, en particular al Observatorio de Contratación Pública (Panamá en Cifras). IRI continuará apoyando estos esfuerzos a través de nuestro nuevo proyecto que respalda el Compromiso de Contratación Abierta en el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto.
A medida que Panamá y la región continúan enfrentando retos de gobernanza con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, el IRI se compromete a fomentar espacios profundos y significativos para el intercambio de conocimientos, el diálogo, y los planes de acción, con el objetivo de construir democracias resilientes que se alineen con los estándares de corrupción internacionales.
[2]https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2021/10/Informe_OCC_Panama%CC%81_ESP.pdf; https://www.prensa.com/politica/panama-incumple-con-los-compromisos-adquiridos-en-la-cumbre-de-lima-en-temas-anticorrupcion/
[4] Esto fue un intercambio regional entre la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial de Costa Rica, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) de Costa Rica, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile.