Una creciente comunidad de “artistas de datos” y ciudadanos de a pie, está creando obras conceptuales utilizando información recopilada en sus propias comunidades. Esto con el objetivo de lograr una mayor conciencia, entre grupos tradicionalmente no representados, con relación a los asuntos complejos que conciernen a sus propios territorios.
Una de las bases de la democracia es el principio de igualdad: la consideración equitativa de los ciudadanos en derechos y obligaciones, incluyendo el de participar en la toma de decisiones en procesos políticos, económicos, sociales y culturales. La parte fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático es el respeto a dicho principio. En la región del Triángulo Norte en Centroamérica, es posible de identificar poca o casi nula inclusión de grupos tradicionalmente no representados en el proceso de toma de decisiones. A diario, miles de personas son excluidos por condiciones como su género, edad, orientación sexual o etnia.
Un desafío central en el avance de la democracia debe ser la generación de espacios en los que estos grupos puedan participar, en pro del ejercicio de su ciudadanía. Esto brinda la oportunidad a dichos miembros de la sociedad a formar parte de procesos de toma de decisiones sobre conflictos sociales que, como a cualquier otro integrante del tejido social, les afectan, pero sobre los que comúnmente no tienen capacidad de impacto. El proceso de participación ciudadana posee un alto efecto en la eliminación de las barreras que imposibilitan a los ciudadanos de ejercer sus derechos de forma plena, ya que constituyen espacios de convivencia que permiten el desarrollo de vínculos con otras partes de la sociedad.
Los gobiernos locales/municipalidades juegan un papel sumamente importante en la generación de dichos espacios. Por ello, la inclusión de grupos tradicionalmente no representados en las comunidades a través de las municipalidades es un paso fundamental en el avance de la democracia. Es importante hacer conciencia en los gobiernos locales respecto a su responsabilidad en cuanto al fomento de la participación comunitaria y el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales y sociales de sus habitantes.
La participación comunitaria debe visualizarse como la plataforma para el ejercicio de la ciudadanía y la eliminación de las barreras sociales en los territorios. Las municipalidades son canalizadores excelente para que los grupos tradicionalmente no representados obtengan lo que les pertenece por derecho, pero de lo que comúnmente han sido privados por perjuicio: voz y voto en la democracia.
La violencia que se vive en el norte del territorio centroamericano es alarmante. En Guatemala, Honduras y El Salvador, este factor continúa provocando una trágica movilización humana que recuerda el tiempo de los conflictos internos de la década de 1980, por lo que trabajar temas relacionados a la violencia, como la prevención del delito y crimen representa un reto importante.
La violencia en Centroamérica preocupa tanto a los gobiernos como a la sociedad en general y, para encontrar una salida, los estados han querido dar respuestas que lamentablemente no han dado los frutos deseados, las medidas represivas, más conocidas como de “mano dura” no han sido exitosas.
Desde hace más de diez años, el IRI ha trabajado al nivel municipal sobre varios programas de prevención de violencia, en diferentes regiones del triángulo norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Conocer de cerca a los municipios nos hace creer que es necesario combinar las acciones con la generación de ciudadanía e interacción social.
Nos hemos enfocado en trabajar con los y las integrantes de las Comisiones Municipales de Prevención de Violencia, un grupo comunitario con diversos actores de la comunidad, gobierno local, entidades del gobierno central, ciudadanos organizados y grupos tradicionalmente no representados.
La convivencia con estas comisiones durante el trabajo de construcción de conocimiento y generación de estrategias para prevenir la violencia parece indicarnos que para romper con las oportunidades del delito y los miedos, es necesario implementar políticas de mejoramiento y recuperación del espacio público. Al mismo tiempo, hay una necesidad de seleccionar maneras simples de hacer las cosas, con medidas sencillas que requieran de inversiones menores, pero que exijan un mayor esfuerzo conjunto de los actores clave en los municipios; ayudando a que los ciudadanos y gobiernos locales conciban a sus territorios como patrimonio público de quienes las habitan. Esto implica poner en el centro a las personas bajo condiciones de libertad e igualdad, dado que es en el espacio público en donde todos somos iguales. Bajo estas actividades, el IRI busca reforzar que estos son elementos fundamentales en una democracia sana.
Una de las prácticas que hemos ayudado a implementar es la representación (visualización) en el parque o espacios públicos datos de la percepción de violencia o de datos relacionados con la misma, con el fin de no sólo visualizar y crear conciencia de la importancia de crear estrategias y políticas públicas basadas en datos, sino ayudar a entender y hacer propios los retos para buscar juntos causas, acciones y soluciones.
Pero, ¿Cómo se relaciona eso con la democracia? En IRI, creemos que el ofrecer y generar datos de interés público, como datos de percepción de violencia, apoya a incrementar la deliberación entre gobierno y ciudadanos. La idea no es únicamente pintar y arreglar un espacio público, si no crear espacios que den pie a la reflexión, pero que sean también útiles, culturalmente pertinentes y lo más importante que sean de todos, y que al final esto permita acciones que se conviertan en estrategias propias de la comunidad para que verdaderamente sean de efectividad y sostenibilidad en el tiempo.
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