El pasado 16 de junio los guatemaltecos llevaron a cabo su novena elección en el marco de su joven democracia. Los cargos a elegir en estas elecciones generales eran para presidente y vicepresidente, con la participación de 19 binomios; 160 diputados para el Congreso de la República; 340 alcaldías con sus corporaciones municipales; y 20 diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El proceso electoral que arrancó el 18 de enero se divide en dos partes. La primera parte abarca del 18 de enero al 17 de marzo, y en ese periodo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo el proceso de inscripción de más de veinticinco mil candidatos. Este era un espacio de tiempo nuevo, ya que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) del año 2016 establecían nuevas fechas para desarrollar el proceso electoral- y que se ajustaban a un eventual triunfo del voto nulo que obligaba a repetir las elecciones. El segundo paso del proceso incluye el tiempo de campaña (18 de marzo al 15 de junio, donde los candidatos podían solicitar públicamente el voto); el día de las elecciones para primera vuelta (16 de junio) donde había cinco boletas donde el ciudadano debía elegir a sus nuevas autoridades; y por último una segunda vuelta o balotaje (11 de agosto) si ningún candidato o el voto nulo obtenía el cincuenta más uno de los votos válidos. La elección a la presidencia se efectuará con los dos binomios que obtuvieron la mayor cantidad de votos, que fue el caso de los candidatos Sandra Torres de la UNE y Alejandro Giammattei de VAMOS.
Tanto la primera parte del proceso como días antes de la primera vuelta de la elección, la elección estuvo marcada por decisiones judiciales que llevaron a retirar de la contienda a cinco candidatos a la presidencia, varios candidatos a diputaciones y también a candidatos para alcaldías o corporaciones municipales. Aunque este fenómeno no es nuevo en los procesos electorales de Guatemala, en este periodo tuvo una mayor cobertura mediática por la participación de algunos actores relevantes de la vida política del país. También hay que incluir dos factores importantes, la puesta en marcha de las reformas a la LEPP donde el TSE no logró establecer criterios básicos de interpretación para su aplicación y los discursos de actores relevantes que cuestionaban la imparcialidad y fuerza del TSE.
El domingo por la noche, la transmisión de los datos preliminares fue dándose de manera lenta pero continua, con una estimación de participación del 62.12% (5,062,867 votos). Para las primeras horas del día lunes 17 de junio aún no se marcaba una tendencia, pero si se encaminaba para una victoria a nivel presidencial del partido UNE encabezada por Sandra Torres con 1,122,630 (25.54%) votos y en segundo lugar el partido VAMOS, encabezado por Alejandro Giammattei con 613,302 (13.95%) votos. Todos estos datos fueron entregados de manera preliminar en el sitio oficial de resultados del TSE.
Durante el transcurso del día lunes se encendieron algunas alarmas al cotejar la imagen de algunas actas generadas en algunas JRV y se contrastaba con el resultado reflejado en la página del TSE. Algunas actas no coincidían en las elecciones a diputados, alcaldías y diputados al Parlacen. Los partidos políticos iniciaron un llamado enérgico al TSE para responder sobre esta situación. El TSE logró establecer que hubo un error técnico en el sistema que traslada la información al momento de ingresar los datos y al momento de reflejarlos en la plataforma, sin embargo, el dato de la plataforma es sólo un instrumento de información preliminar y no el instrumento de adjudicación de cargos.
El instrumento legal y que garantiza la integridad del proceso son las actas físicas y el acta final de cada JEM y es este documento el que el TSE toma como válido para la adjudicación de cargos, el cual suele hacerse entre diez y doce días después del evento electoral. Cabe mencionar que el resultado preliminar a nivel presidencial coincide con el contero rápido que desarrolló el grupo observador nacional, Mirador Electoral, lo que permite dar una mayor seguridad a los resultados y al trabajo de los ciudadanos que participaron en los distintos órganos electorales temporales.
No se puede negar que existe bastante tensión post-electoral, en especial en aquellos partidos que quedaron con un resultado adverso al que ellos tenían previsto y también con algunos llamados a desconocer el proceso. La gran mayoría de ciudadanos respalda la seguridad del proceso, pero también reconoce que hubo debilidades en algunas actividades del TSE y que estás deben ser analizadas, explicadas y solventadas para que el balotaje sea un proceso legítimo y con garantía. La primera acción del TSE sobre estas debilidades fue crear una comisión integrada por un cuerpo técnico del Tribunal, representantes de los partidos políticos y de misiones de observación local que tiene por objetivo la verificación de los resultados en cada acta de las JRV para lograr disipar cualquier duda sobre los resultados finales.
Definitivamente, este puede ser un proceso largo y que puede tomar semanas en resolver, pero tanto los partidos políticos como el TSE desean e insisten en darle transparencia al proceso electoral y que los ciudadanos tengan la seguridad que su voto ha sido respetado y contado. En paralelo, en los próximos días el TSE adjudicará los cargos y en especial oficializará los dos primeros lugares para que dé inicio la campaña para la segunda vuelta electoral.
Durante este nuevo proceso electoral, se prevé una campaña fuerte con discursos muy marcados para llamar la atención del votante y entusiasmarlos a salir a una segunda elección donde los candidatos acumularon menos del 40 por ciento de los votos entre los dos. Al igual que en el 2015 y según las últimas encuestas (Fundación Libertad y Desarrollo – Prensa Libre), Sandra Torres cuenta con un importante voto en contra, en especial en las áreas urbanas y el candidato Alejandro Giammattei tratará de convencer y obtener el voto conservador urbano que no voto por él en la primera vuelta.
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